
El pasado 7 de abril de 2026, el Gobierno Nacional lanzó “Ecodorado”, una estrategia ambiciosa que busca arrebatarle las rentas a la extracción ilícita de minerales. La propuesta central consiste en reactivar el rol del Estado como comprador directo a través de las comercializadoras que se encuentran dentro de la Sociedad de Activos Especiales (S.A.E.), emulando el antiguo esquema del Banco de la República. Bajo las banderas de precio justo, trazabilidad y acceso a mercados, el plan pretende formalizar a los mineros de pequeña escala y subsistencia.
Sin embargo, tras analizar la arquitectura del mercado minero en las regiones, surgen dudas razonables sobre la viabilidad de esta comercializadora estatal como antídoto al flagelo de la ilegalidad. Aquí tres razones por las cuales esta propuesta podría chocar contra la pared de la realidad económica:
El argumento gubernamental asume que el minero informal vende su producto a precios de miseria. No obstante, la evidencia en territorio muestra lo contrario: el mercado "tipo B" (oro sin documentación) es un sistema altamente eficiente e indexado.
Para un pequeño minero, el camino a la formalización —que incluye permisos ambientales, el Plan de Trabajos y Obras (PTO) y el cumplimiento de estándares técnicos— puede representar inversiones de entre $200 y $300 millones de pesos; tan solo la elaboración del PTO puede superar los $100 millones. Esto genera un incentivo perverso: mientras la informalidad solo exige cubrir costos operativos, la formalidad impone una carga de capital inicial que la simple promesa de un 'precio justo' no logra compensar. Sin un programa robusto de crédito o subsidio para estos costos hundidos, el minero seguirá viendo la legalidad como una inversión sin retorno"
Para que el Estado logre captar las rentas ilegales, se enfrenta a una paradoja operativa:
Consideramos que una comercializadora estatal, por sí sola, no es la respuesta. Para lograr un impacto real, el Estado debería enfocarse en reducir el costo de la burocracia y las barreras de entrada a la formalización, tales como la carga financiera y la multiplicidad de figuras con requisitos diferentes para lograrla. De lo contrario, los productores informales seguirán buscando mercados donde los requerimientos sean más laxos, los costos asociados menores y la fiscalización inexistente. Sin competitividad administrativa, Ecodorado corre el riesgo de ser una oficina vacía en un mercado que nunca deja de transar.
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